Tal vez haya una parte de verdad en los discursos apocalípticos sobre el “fin del libro” en la era digital. Lo cierto es que estamos en medio de una transformación de los modos de producción y consumo culturales. En particular el libro, sin abandonar su forma material, cada vez más circula en la esfera digital y por tanto en una nueva materialidad que agrega nuevos elementos (como el hipertexto) y conserva viejos. En este trabajo expondré las respuestas que han dado la industria y la institucionalidad cultural en el Cono Sur, a los desafíos que plantea la cultura digital.

Al reflexionar sobre las transformaciones de las industrias culturales, uno siempre corre el peligro, como planteaba Umberto Eco en Apocalípticos e integrados (1964), de elaborar una teoría “del jueves próximo”, por la velocidad de las transformaciones que desde los sesenta, forman parte de nuestra vida cotidiana. Por eso trataré en primer lugar de delinear algunos aspectos de la industria editorial contemporánea, para luego presentar algunas respuestas de la institucionalidad cultural pública y privada, y finalmente algunas notas para reflexionar sobre el “jueves próximo”.

El sector editorial hoy: mainstream y alternativas

El sector editorial en el Cono Sur experimenta una cada vez mayor concentración de las multinacionales, como Penguin-Random House Mondadori o el Grupo Planeta, que comienzan a comprar los sellos hispanoamericanos locales en los años 80 y 90 del siglo XX. Las empresas han iniciado un proceso de integración vertical, absorbiendo partes o toda la cadena productiva. En el caso de las casas multinacionales, operan como editoriales y distribuidoras, por ejemplo. En el Río de la Plata existen emprendimientos como Eterna Cadencia en Buenos Aires o Escaramuza en Montevideo, de hecho son del mismo dueño, que comprenden toda la cadena productiva del libro (excepto la impresión): la distribución, la venta (librería) e incluso la crítica literaria y la difusión a través de sus blogs o páginas web. También las posibilidades de impresión han variado considerablemente con la introducción de la impresión a demanda, que en parte elimina la idea del «tiraje», y la posibilidad de eliminar intermediarios entre el lector y el libro, entre otras transformaciones.

El impacto económico de la industria editorial en el PBI y en relación a otras industrias culturales es un elemento a tener en cuenta. En la última década y media los gobiernos del Cono Sur han iniciado acciones para dimensionar el impacto de la cultura en el presupuesto nacional, en el empleo y en la generación de valor agregado. Aunque los datos de los informes no es comparable, porque desarrollan distintas mediciones y metodologías de recogida de datos, en todos ellos la industria del libro y las publicaciones periódicas ocupan un lugar importante junto con la industria audiovisual y la publicidad. Un punto de comparación es el que establece Diego Traverso (DNC, 2009: 27) al analizar la participación del valor agregado de actividades culturales en el PBI de Uruguay en relación a los datos de España, Finlandia y Chile. En Chile la industria editorial aportaba en 2006 el 0,38% y en Uruguay en 2009 el 0,21% mientras en Finlandia y España alcanzan el 1%.

En Uruguay la participación de la industria editorial y de publicaciones periódicas en el PBI es un poco menos de la mitad del sector audiovisual, que es de 0,45%. En Argentina los datos del Valor Bruto de Producción (VBP) ubican a la industria editorial y la publicidad segundos, también con aproximadamente la mitad de lo que produce la industria audiovisual (INDEC, 2017a: 3). En Chile la situación es distinta, ya que el sector audiovisual aporta el 0,66% al PBI y los libros y las publicaciones periódicas, un 0,50% (CNCA, 2007: 31). Aunque no es el mismo dato, en Argentina la industria del libro aporta casi un 13% al Valor Agregado Bruto, contra un casi 30% de industria audiovisual (INDEC, 2017a: 5).

El estudio uruguayo aporta datos interesantes sobre las dimensiones de la industria en términos de trabajos ocupados (dependientes, no dependientes, no remunerados), unos 1187 puestos en 2009. El informe de 2012 aporta la cantidad de empresas vinculadas al sector, unas 45 entre editoriales, mayoristas, minoristas y las publicaciones periódicas (diarios, revistas y periódicos). La Cámara Argentina del Libro (CAL) registra 536 socios en su página oficial y publica desde 2001 informes estadísticos de la producción editorial en Argentina, en las que no se menciona la cantidad de puestos de trabajo generados por la industria, dato que tampoco tiene el informe del INDEC.

En todos los países del Cono Sur además de las grandes multinacionales y las empresas nacionales, existe también un sector editorial pujante que se autodenomina “independiente” o de tiraje corto, también heterogéneo, que utiliza algunos de los canales de venta de las grandes editoriales (grandes distribuidores, supermercados, shoppings, cadenas de librerías) pero también desarrolla otras formas alternativas (ferias independientes en distintos puntos de nuestros países) y en algunos casos, hace uso exclusivo de esos canales alternativos (pueden leer acá una entrevista con Salvadora Editora de Uruguay).

Tuve oportunidad de visitar el stand colectivo “Todo libro es político” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (FILBA, 2018), que agrupó a varios sellos independientes. Algunas de estas editoriales apuestan a un modelo de gestión cooperativo, y en ese sentido el nombre del stand apunta a señalar la construcción de lógicas editoriales distintas a las que plantean las editoriales comerciales. La actividad crítica de estas editoriales tiene distintos énfasis: la búsqueda de autores jóvenes y desconocidos, la articulación con colectivos artísticos, la creación de libros únicos en contraposición al producto seriado de las editoriales del mainstream, buscando innovar en la materialidad del libro (la editorial Hojas rudas, por ejemplo, en Chile elabora sus libros artesanalmente, en formatos innovadores y con tirajes muy cortos).

Sea cual sea la postura frente al libro, las prácticas de las editoriales mainstream e independientes en la cultura digital son distintas. La industria ha adaptado su modelo de negocios al entorno digital a través del e-book en el marco del copyright (los informes de la CAL aportan datos sobre lo que llaman “conversión a soporte digital”) y agitando el fantasma de la “piratería”, mientras muchas de las editoriales independientes utilizan las licencias Creative Commons y permiten la descarga gratuita de los libros en sus páginas web, estrategia que se articula con éxito con la pre-venta y venta del objeto material. Además de las estrategias asociadas al micromecenazgo o crowfounding, muchas veces asociado al emprendedurismo individualista, que puede chocar, en algunos casos, con las formas cooperativas alternativas de estas editoriales.

La institucionalidad cultural frente al libro

La institucionalidad cultural en el Cono Sur ha articulado históricamente y articula en el presente, los intereses de actores públicos y privados en torno al libro y la lectura. Lo ha hecho a través de distintas acciones: cediendo recaudación de impuestos (en Uruguay los libros están exentos de IVA), estableciendo leyes para el fomento de la actividad, creando Fondos y estímulos para los escritores y sus libros (Premios de Letras o Becas), entre otras actividades. En todos los países existe institucionalidad, pero de distintos niveles. En Chile, desde 1993 existe el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura y un Consejo Nacional del Libro y la Lectura, que dependen del recientemente creado Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. En Argentina existen desde 2001 dos leyes: la Ley del Fomento del Libro y la Lectura; y la Ley de Defensa de la Actividad Librera, que tienen serias dificultades para su implementación, con artículos vetados o sin reglamentación. En Uruguay se creó un Instituto Nacional del Libro en 1964 (Ley 13.318, art. 49), pero la ley de Presupuesto Nacional de 1995, trasladó sus funciones al Instituto al Archivo General de la Nación.

Durante el período 2005-2015, en especial a partir de 2009, la Dirección Nacional de Cultura ha desarrollado distintas acciones en el marco de un proyecto conjunto Viví Cultura, junto con la ONU y otros organismos del Estado para mejorar las capacidades competitivas de la industria de la música y el libro, entre otros objetivos. La historia de la organización de los empresarios es un poco más vieja: la Cámara Argentina del Libro (CAL) fue creada en 1938, la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) en 1944 y la de Chile en 1950.

Las respuestas de la institucionalidad cultural en el Cono Sur han sido diversas. En Chile el Plan Nacional de la lectura y el libro toma en cuenta en su análisis los entornos digitales (bibliotecas digitales, librerías digitales), se refiere siempre al libro impreso y digital, y plantea, entre otras acciones, el establecimiento de premios a la creación digital, el fomento de ediciones electrónicas y el acceso a contenidos digitales en bibliotecas públicas, ediciones digitales con acceso público cuando son financiadas por el Estado, y acceso de la población a la Biblioteca Pública Digital, entre otros emprendimientos digitales públicos como el de la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional.

En Argentina la institucionalidad pública no tiene un Plan Nacional que la oriente, pero hay distintos instrumentos que aportan a la industria editorial y la lectura: la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) que coordina las bibliotecas populares en Argentina y desarrolla distintas iniciativas para fortalecerlas (aunque sus publicaciones, realizadas en alianza con editoriales privadas, no están disponibles en formato digital), el Programa Libros y casas funciona desde 2007 instalando más de 120 mil bibliotecas en hogares y espacios comunitarios, realizando talleres de animación a la lectura (en Chile se realiza un programa similar Maletín Literario). Estas acciones implican la compra de grandes cantidades de libros: un poco más de 2 millones de libros en 10 años en el caso argentino.

Además hay organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Leer, que articula los intereses de empresas privadas y la CAL, una cantidad importante de editoriales nacionales y multinacionales, y organismos nacionales como el Ministerio de Educación o la CONABIP, y la Organización de Estados Iberoamericanos. La fundación desarrolló la propuesta Desafío 20-20, orientada a niños de 0 a 12 años, que los estimula a leer 20 libros en el transcurso de un año. La plataforma se adapta a distintos dispositivos, incluida una aplicación para celular, que permite a niños, padres y docentes acceder a libros on line (de la propia industria editorial), y en la que se estimula la lectura con concursos de preguntas y respuestas cuyos premios son libros. De esta forma se garantiza la reproducción de futuros lectores para la industria. Por otra parte existe el proyecto autores.ar, que se dedica a digitalizar y poner a disposición obras que se encuentran en dominio público, al igual que el proyecto autores.uy, que integro desde hace unos años, ambos pertenecientes a la red Creative Commons.

Las respuestas de la institucionalidad cultural frente a las transformaciones de la cultura y los entornos digitales implica considerar a otros actores además de la institucionalidad cultural tradicional o histórica: las Direcciones municipales o nacionales o los Ministerios de Cultura. Creo que la inversión en infraestructuras y políticas públicas para la desarrollo de la ciudadanía digital en Uruguay (se ha creado la marca Uruguay digital) están generando las condiciones para un cambio en el modo de producción cultural.

El Poder Ejecutivo ha desarrollado políticas como el Plan Ceibal que impacta en dos subsistemas educativos (Primaria y Secundaria), el Plan Ibirapitá para la inclusión digital de las adultos mayores o los Centros MEC, que se ocupan de la alfabetización digital y están distribuidos en todo el país. A su vez, a través de ANTEL se ha garantizado el acceso a Internet a través de celulares y de la fibra óptica. La Encuesta Específica de Acceso y Uso de TIC, realizada por el gobierno en 2016, muestra que tanto la presencia de computadoras como el acceso a internet viene en un franco aumento en Uruguay desde 2006. Hoy el 69% de la población tiene un PC en el hogar y un 83% tiene acceso a Internet.

En este escenario el gobierno lanzó, en 2017, la Agenda Digital para Uruguay 2020. Un documento con 9 objetivos y 47 puntos, con organismos responsables de su ejecución. El MEC tiene escasa participación en la mayoría de los puntos y eso representa un problema para enfrentar los desafíos de las próximas décadas. Sin embargo, algunos de los objetivos tienen un impacto directo en el acceso a la cultura digital por parte de la ciudadanía. La agenda aborda varios asuntos interesantes referidos a la producción de contenidos digitales en la industria del cine, la TV y los videojuegos, pero no hace referencia a la industria editorial. Otras propuestas relacionadas al comercio digital podrían aportar a la renovación necesaria de las empresas editoriales uruguayas.

En los últimos 10 años, la institucionalidad cultural histórica o tradicional ha dado algunas respuestas a los desafíos planteados por Internet, en especial con el impulso de la alfabetización digital en los Centros MEC. En el marco del Programa Conjunto Viví Cultura la Dirección Nacional de Cultura impulsó algunas acciones: la elaboración de un Plan de refuerzo de la competitividad (noviembre de 2009) elaborado en el marco del Conglomerado Editorial con actores del sector, y la capacitación de los actores de la cadena.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el gobierno para evitar una brecha en el acceso a Internet, en Uruguay la situación del libro y la lectura en un escenario digital es un poco menos alentadora que en Argentina y Chile. En primer lugar, porque no existe una única institución que se ocupe de la industria del libro y de la lectura, ni un Plan Nacional o Estratégico que enmarque las distintas acciones del Estado en este terreno. La disolución de las funciones del Instituto del Libro en el Archivo General de la Nación en los noventa, contribuye a la dispersión de medidas y a que no se consoliden líneas de trabajo en otras dependencias.

Algunos elementos aparecen en el Plan Nacional de Lectura de la Dirección Nacional de Educación, que entre muchas medidas, promueve a intermediarios de la lectura como los booktubers, por otra parte perfectamente articulados con la industria editorial mainstream, otra forma de reproducción de los lectores para la industria. También el Plan Ceibal implementó en 2012 un convenio con la CUL para proveer libros a la Biblioiteca Digital Ceibal, con novedades editoriales. El acuerdo implica la compra de libros digitales a la industria editorial multinacional y nacional. La Biblioteca cuenta con 4000 recursos disponibles entre libros para estudiar y para entretenimiento. A diferencia de Chile, que permite el acceso a todos los ciudadanos chilenos, incluso fuera del país, los beneficiarios del Plan Ceibal son docentes, estudiantes de la educación pública, y privada en algunos casos, y adultos mayores. De esta forma el Estado uruguayo compra libros, en formato digital, práctica que todos los Estados del Cono Sur realizan. Esta iniciativa del Plan Ceibal podría ser también una excelente oportunidad para la promoción de creación de contenidos digitales específicos, que no dependan exclusivamente de la industria editorial tradicional o tengan un correlato en el mundo físico.

Notas para el jueves próximo

En el corto plazo, las políticas culturales harían bien en abocarse a la construcción de una institucionalidad para el libro y la lectura o un programa que coordine y proponga líneas de acción transversales, uniendo iniciativas existentes y proponiendo otras como: crear Fondos específicos o líneas concretas en los existentes, poner en igualdad de condiciones la edición digital y/o física, promover bibliotecas y repositorios digitales, liderar un proceso de digitalización de las publicaciones del Estado, y generar estímulos para la producción en formatos digitales, entre otras acciones. Los datos de Argentina, por ejemplo, indican un crecimiento exponencial de los contenidos digitales en los últimos diez años. Es imprescindible sostener los esfuerzos en la generación de información, tanto en relación a la economía de la cultura como de los consumos culturales, encuesta que realiza la Universidad de la República a través del Observatorio de Políticas Culturales, tomando en cuenta las transformaciones en la materialidad de las industrias culturales y las prácticas de los lectores y los mediadores (críticos, booktubers, etc.) en entornos digitales.

¿Qué va a suceder con ese mundo digital en términos de almacenamiento y conservación de los objetos digitales? ¿y de las prácticas en la cultura digital, desde los blogs hasta los proyectos efímeros en las redes sociales? La Agenda Digital se propone acciones poco ambiciosas desde este punto de vista, ya que podría incluir la coordinación de los esfuerzos de digitalización del dominio público, acciones que ya desarrollan algunos repositorios en la Universidad de la República, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Artes Visuales, el IMPO y de algunos actores de la sociedad civil. Sin embargo se propone apenas la creación de un repositorio de conocimiento científico, que por otra parte se parece bastante al creado por la UdelaR. 

Si como plantea Jodi Dean, el capitalismo comunicacional tiende a suprimir el debate político en la sociedades contemporáneas, es posible esperar a largo plazo un escenario en el que el acceso a Internet, no signifique más participación en la vida cultural de la ciudadanía. La convergencia de los medios de comunicación y las industrias culturales, y la concentración que generan las grandes empresas multinacionales (Google, Facebook, Netflix, Amazon, entre otros), requieren acciones de la política pública que contribuyan a sostener un entramado local, una diversidad de voces y actores, que manejen distintas formas de difundir e incluso comercializar su trabajo como las licencias Creative Commons.

En suma, las posiciones defensivas de los actores implicarán grandes dificultades y frenos en el futuro para la diversidad de actores y prácticas culturales, en la medida en que no se procure una batería de políticas públicas que afronte los desafíos de la cultura digital. El Estado ha realizado enormes inversiones y desarrolla políticas para garantizar el acceso a Internet, pero los consumos culturales adaptados al entorno digital producen desigualdades que siguen dependiendo de la situación socio-económica de los actores. En parte, la aparición de la tan temida “piratería” está directamente relacionada con la imposibilidad de acceder a los productos de la industria cultural. A través de distintas acciones el Estado puede cumplir un rol central en generar acceso y difusión del patrimonio cultural en dominio público y también en promover lógicas de consumo distintas a las propuestas por las industrias culturales.

En definitiva la política pública tiene un rol central en el acceso y la democratización de la cultura letrada en entornos digitales. Los actores privados, empresarios, académicos y militantes, tienen la oportunidad de aportar al debate, pero no únicamente desde el punto de vista de aumentar las restricciones o refugiándose en posiciones defensivas como puede apreciarse en el empresariado del libro, sino aportando a la mejor comprensión de los consumos culturales, a no contraponer el mundo digital al físico, y en explorar las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, fundamentalmente aquellas prácticas colectivas que puedan pensarse fuera de la privatización y la mercantilización de la cultura. Y que por supuesto implican también pensar el impacto en el mundo del trabajo en las industrias culturales, la necesidad de articular los llamados a una cultura libre con los reclamos de los creadores frente a los contratos abusivos de la industria o los efectos de la concentración y convergencia de las multinacionales. Estas son las claves por las que creo debemos pasar para pensar el jueves próximo.