En el mercado de la educación el traspaso de información es lejos lo más ineficiente que hay. Si voy a comprar pan en el almacén que hay en frente, y el pan está malo, al día siguiente vas a comprar al almacén de al lado. Y vas al que vende mejor pan. O hay uno que te baja el precio, y vas a comprar el pan más barato. En educación metéi a tu hijo en el colegio y no tenéi idea de lo que está pasando adentro. ¿Y cuándo te enterái? En 12 años, cuando el niño sale de 4to medio.
Eso me dice Max, convencido de que la reforma de la educación que lleva adelante el segundo gobierno de Bachelet logrará corregir estas “fallas” de mercado, muy a pesar de todas las dificultades que seguro traerá al sector “particular subvencionado” – el eufemismo que los chilenos utilizan para las escuelas y liceos privados financiados por el Estado a través de los famosos vouchers. No es que Max rechace totalmente las lógicas del mercado en la educación. Critica, sí, sus excesos e ineficiencias, que únicamente el Estado puede corregir.
Max y su equipo son probablemente la mejor versión de un mercado bien entendido: un espacio abierto a emprendedores curiosos, creativos, audaces, y, sobre todo, decididos a mover cielo y tierra para realizar su sueño. En este caso, el sueño es abrir un colegio en una comuna pobre de Santiago: “Queremos demostrar que todos los niños, independiente de donde vengan, pueden aprender”.
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“La obra está casi terminada. Si te animas hacemos la entrevista acá y te muestro el colegio”, me propone por Whatsapp. Es un día caluroso de noviembre, año 2015, y el ómnibus que me tomo en el centro de Santiago tarda cincuenta minutos en llegar al lugar convenido por Max. Es una zona bastante deprimida, no muy distinta a lo que uno puede encontrar en la periferia de Montevideo. Con la diferencia de que un cerro seco y pelado adorna el paisaje. El edificio blanco del colegio, enorme y monumental, contrasta con la arquitectura de pequeñas casas coloridas de techos bajos. Mientras los obreros trabajan a toda máquina, Max me presenta al equipo de dirección del colegio: tres ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile, un publicista, una licenciada en composición musical, y una asistente social. Ninguno supera los treinta años. Relojeo alguna barba desarreglada, camisas a cuadros, lentes retro, y computadoras Mac. La entrevista la hacemos en un salón con mucho eco. Huele a pintura fresca.
Cuando egresó de la carrera de filosofía, también en la Católica, Max decidió anotarse en el programa de liderazgo de Enseña Chile, hermana gemela de Enseña Uruguay, ambas ONGs inspiradas en el modelo original de Teach for América, un proyecto nacido en EEUU a principios de los 90s que tiene por objetivo reclutar a los mejores talentos universitarios para que lideren la transformación educativa en los sectores más necesitados. Así, Max pudo dar clases durante dos años en colegios pobres de Santiago, sin necesidad de contar con el título de profesor. Es en ese marco que participa de un programa en India para conocer de primera mano el proyecto denominado Design for Change, un movimiento mundial de cambio pedagógico orientado al empoderamiento de los niños que también tiene presencia en Uruguay. Allí, al norte de Bombay, Max y algunos de los que después integrarían su equipo visitan el colegio de sus sueños: un colegio “perfectamente funcional”, que desarrolla la curiosidad y da oportunidades a los niños; el “modelo” de colegio que Chile necesita y que ellos harán realidad.
Pero el tránsito del sueño a la vigilia no fue, obviamente, tan sencillo como parece. Armar el proyecto, capacitarse, conseguir un terreno, y juntar el dinero para la inversión inicial requirieron inventiva, constancia, y mucho esfuerzo. Movilizar contactos y saberes expertos se presentaba como condición sine qua non. En Marzo del 2013, Max y uno de sus socios renuncian a sus respectivos trabajos para dedicarse de lleno a la tarea. Golpearon varias puertas, hasta que un empresario amigo, con larga experiencia en proyectos inmobiliarios, ofreció sentarse con ellos dos horas por semana para transferirles el know-how que siempre está detrás de una exitosa estrategia de fundrising: con quién hablar, cómo presentarse, cuánto pedir, y de qué forma. Abrieron una fundación sin fines de lucro, titular del futuro colegio, cuyo directorio sería integrado por los principales donantes.
Segunda cuestión clave: saber dónde construir, y conseguir el terreno. Mediante una consultoría “pro-bono” lograron que un grupo de estudiantes de ingeniería de la PUC hiciera los estudios de viabilidad financiera del colegio como parte del proyecto de fin de carrera. Cruzando datos demográficos y educativos de distintos barrios de Santiago, el estudio identificó cuatros zonas de alta vulnerabilidad social con oferta de colegios todavía insuficiente y malos puntajes SIMCE —los test estandarizados que usa el Estado para medir la “calidad educativa”. Rastrillaron esos territorios hasta que dieron con un baldío, propiedad del ministerio de vivienda, que, gestión mediante, accedió a conceder el terreno en comodato.
Terreno en mano, todavía necesitaban convencer a los donantes de algo fundamental: como en todo proyecto educativo, “el capital humano al final es lo más importante”. A esa altura ya habían recaudado un millón de dólares, así que la fundación decidió destinar cien mil para que Max y su equipo pasaran todo el 2013 en EEUU capacitándose en el programa de liderazgo escolar ofrecido por la fundación KIPP –Knowledge is Power Program–, la organización sin fines de lucro, fundadora de Teach for America, que opera la red de escuelas chárter (similares a los particular-subvencionados chilenos) más grande del país. La mayoría estas escuelas, naturalmente, trabaja con sectores de pobreza concentrada.
El acuerdo con la fundación fue que, a su regreso de EEUU, debían conseguir tres millones más en donaciones, la mitad de lo necesario. Consiguieron 4 millones y medio.
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El modelo pedagógico de KIPP, me cuenta Max, se apoya en cinco pilares: altas expectativas de aprendizaje, autonomía para el liderazgo del director y los equipos docentes, foco en resultados, compromiso de las familias, y tiempo pedagógico extendido. Pero además, KIPP funciona como una incubadora de startups de colegios que buscan replicar su modelo pedagógico. El curso de liderazgo supone un entrenamiento intensivo de cinco semanas, seguido de cuatro residencias breves en distintos colegios gerenciados por la organización. Durante ese tiempo, KIPP asesora al futuro líder en la elaboración de un Plan de Diseño Escolar, y luego ofrece servicios de coaching para la etapa inicial de desarrollo del nuevo colegio.
En el Plan de Diseño Escolar de Max y sus socios, la evaluación ocupa un papel central. Como los resultados SIMCE llegan varios meses después y no permiten retroalimentación en el aula, el equipo directivo tiene previsto diseñar seis pruebas al año (también estandarizadas), basadas en lo que ya están haciendo otros colegios. Además, ya tienen un acuerdo con una empresa ATE –agencias de Asistencia Técnica Pedagógica– para aplicar pruebas de nivel. “Se hacen dos al año, y nos sirven para compararnos con otros colegios; es como un SIMCE, pero con los resultados inmediatos.” A esto se le agrega el Fountas & Pinnell Benchmark Assessment System, un kit de recursos educativos directamente importado de EEUU que permite realizar evaluaciones individualizadas del nivel de escritura, expresión oral, y lectura de cada alumno, todo con arreglo a estándares.
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Los primeros meses de 2014 se fueron en trabajar con los arquitectos y licitar la obra. En mayo, a punto de firmar con la adjudicataria, el gobierno anuncia el envío al Congreso de la ley que exige que los colegios beneficiarios de vouchers sean sin fines de lucro, sin selección, y gratuitos. “Y nosotros felices, porque siempre concebimos el colegio así, y era una de nuestras creencias y pilares.”
Pero colegios como los de Max, sin lucro, sin matrícula, académica y socialmente inclusivos, son sólo la excepción que confirma la regla. En Chile, casi un 60% de los niños y adolescentes asisten a establecimientos particular-subvencionados. Muchos son religiosos, y funcionan en terrenos propiedad de la Iglesia. Otros tantos, también religiosos, no dependen directamente del Vaticano. Los hay también laicos, la mayoría con fines de lucro. Un grupo también mayoritario de colegios, además de recibir vouchers, cobran matrícula a las familias; una mensualidad de monto variable dependiendo del nivel de ingreso al que se apunta. Así que hay colegios particular-subvencionados para pobres, no tan pobres, clase media baja, media media, y media alta.
La propiedad de los colegios, como en la mayoría de las industrias, está desigualmente distribuida. Algo más del 80% de instituciones opera un solo colegio, dos a lo sumo. Pero hay también grandes conglomerados de sociedades sostenedoras, muy bien organizados y articulados entre sí, con estrechas conexiones con el poder político, y que concentran una parte importante de la oferta. Estos son los que están en mejores condiciones de lograr economías de escala y obtener utilidades por concepto de subvención o copago, o por los servicios que sus colegios contratan con empresas relacionadas (por ejemplo, las ATEs).
Además, una amplia mayoría de particular-subvencionados practica algún tipo de selección académica para filtrar a los culturalmente desposeídos, no sea cosa que bajen los puntajes SIMCE. Es que buenos puntajes SIMCE se traducen en un reconocimiento oficial de “excelencia académica”, fundamental para el marketing del colegio. Por eso, para incentivar el reclutamiento de estudiantes “de contexto”, naturalmente más “caros” de educar, el Estado ofrece un adicional al voucher para las escuelas que los recluten: la llamada Subvención Escolar Preferencial, que puede ser utilizada para contratar ATEs.
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Los críticos al modelo chileno, respaldados en abundante evidencia científica, afirman que el mercado educacional presenta “fallas” inequívocas, con externalidades negativas socialmente ineficientes. Para empezar, la información que reciben las familias es siempre incompleta, como muy bien plantea Max al inicio de esta nota. Pero además, que los colegios pueden seleccionar académicamente y cobrar matrícula a las familias significa que son los primeros los que eligen a los segundos, y no al revés, como sugiere la teoría. Se supone que la competencia por el niño-voucher constituye incentivo suficiente para mejorar la calidad. Manipular la composición social y académica del alumnado con el fin de lograr buenos puntajes es, sin embargo, un atajo demasiado tentador.
La posibilidad de retirar utilidades supone también que al menos una parte de los recursos no serán utilizados en la mejora educativa. Incluso cuando no hay lucro aparente, existen mecanismos para extraer ganancias, como abrir una inmobiliaria, construir el colegio, y luego alquilar el edificio, con los servicios de mantenimiento incluidos, al sostenedor del colegio (todo con precios inflados), que vendría a ser el dueño de la inmobiliaria y las empresas de mantenimiento. Construir un colegio es una vía muy segura de acumulación de activos, ya que el flujo de ingresos por concepto de voucher amortizará la inversión. Solo se necesitan alumnos cero-falta.
No llama la atención, entonces, que el punto más controversial de la reforma haya sido la cuestión de “los fierros” (léase, la infraestructura edilicia). La propuesta original del gobierno incluía varias disposiciones para evitar el lucro con dineros públicos. Pero los “empresarios” de la educación pusieron el grito en el cielo. Rápidamente organizaron un movimiento contrario a la reforma, que llegó a poner en la calle a miles de padres y madres que reclamaban el derecho a pagar por una mejor educación. El tema se resolvió con cambios significativos al proyecto original. Así, la idea de que todos los sostenedores de colegios compraran los edificios (con ayudada del Estado, obviamente) naufragó en la negociación parlamentaria. Pero por lo menos ahora, si un colegio alquila el establecimiento, deberá demostrar que paga un precio de mercado.
Lo que el lobby patronal no logró modificar fue la disposición que obliga al sostenedor a constituirse en fundación sin fines de lucro. Los voceros del sector particular-subvencionado sostienen que el objetivo no declarado de esta medida es la desaparición total del sector, ya que en el largo plazo compromete seriamente su viabilidad financiera. Ello porque los sostenedores de colegios, constituidos en fundación, deberán endeudarse para adquirir los edificios antes propiedad de sociedades con fines de lucro. Sin activos de respaldo, pagarán un interés muy alto a los prestamistas, transfiriendo así el lucro al sector financiero. De la burguesía educacional a la burguesía financiera: el pez gordo se come al chico.
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Existe, sin embargo, una alternativa: que la fundación sostenedora cuente con el apoyo de poderosos filántropos que permita suplir este déficit de capital originario. Y esa era, precisamente, la situación de del futuro colegio de Max y compañía en mayo de 2014. Quedaba no obstante un asunto por resolver: “leemos la reforma atentamente, y vemos que había un párrafo que decía que iba a regular la apertura de nuevos colegios particular-subvencionados, dependiendo de la oferta y demanda del sector, y que se iba a permitir solamente la apertura donde haya una demanda insatisfecha.” La prospección de los ingenieros indicaba una fuga de estudiantes de la comuna hacia el sector particular subvencionado de otras comunas. Existían varios antecedentes de cierres de colegio. “Hay tan mala oferta que no hay demanda”, aclara Max. “El discurso era también fortalecer la educación pública, así que abrir el colegio iba a ser un golpe muy bajo a los colegios públicos de la comuna”.
El escenario político obliga entonces al directorio de la fundación a postergar, una vez más, la construcción del colegio. Mientras tanto, exploran la alternativa de comprar un colegio ya existente. Así que ponen un aviso en el diario: “Fundación compra colegio”. Reciben más de cien ofertas. Dedican los meses siguientes a recorrer colegios en zonas pobres de Santiago. “Y vimos de todo! Vimos sostenedores canallas, brutos, que decían ‘mira, la verdad, yo vendo el colegio porque los moteles que tengo en el centro son mucho más rentables que el colegio; el colegio es un cacho’. Y había otro sostenedor que tenía el colegio totalmente botado, pero era EL colegio de la comuna y tenía unos televisores LED como en el casino, en todos los patios había televisores, y los vecinos estaban convencidos que era el mejor colegio, y era una mierda de colegio, y él los tenía a todos engañados en el fondo, y estaban 100% para el negocio”. El equipo también visitó colegios que, según Max, eran “sustancialmente mejores a los que sus alumnos podrían haber accedido si no existiera esta alternativa.” Colegios gestionados por gente muy comprometida con el proyecto educativo que decía: “puta, este es mi proyecto de vida, un proyecto que empecé con mi señora, yo creo en la educación, pero mi hijo no está ni ahí con el colegio, no quiere seguir el negocio, y no sé a quién dejárselo, y estoy buscando a alguien que quiera perpetuar lo que nosotros hemos hecho; yo estoy viejo y ahora viene la reforma y no sé si estoy preparado para aguantar la reforma…”
Al final, despejada la incertidumbre, queda claro que no existe impedimento alguno para que Max y su equipo sigan adelante con el proyecto original. “En el fondo el espíritu de la reforma nunca fue eliminar la apertura de los colegios particular subvencionados.” Se trata más bien de corregir las fallas de mercado, para que la iniciativa privada finalmente converja en torno a proyectos “modelo” como los de Max. Regular el mercado para evitar excesos y desviaciones. Moralizarlo, para hacerlo más justo y eficiente. “En educación”, me dice Max, “lo que hemos aprendido acá en Chile es que el mercado no se (auto)regula.”
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Antes de terminar, Max me cuenta que la inversión en infraestructura lamentablemente se comió casi todo el capital, debido a lo altos estándares que exige el Ministerio de Educación. Afirma que no existe evidencia de que la mejor infraestructura impacte en la calidad de la educación, y que le encantaría haberse ahorrado parte de la inversión para pagar mejores salarios a los docentes. “Si fuera por mí”, aclara, “te hago clase debajo de un árbol, pero yo al profesor lo tengo feliz.” El capital humano, insiste, es lo realmente relevante. Por eso instrumentan talleres de desarrollo profesional y hacen coaching para que los profes desarrollen ciertas competencias.
Pero su misión va mucho más allá. Ellos también se ven como incubadoras de emprendedores que puedan replicar la experiencia: “nos interesa no solo que se vuelvan buenos profesores, sino que también desarrollen una idea de liderazgo; nuestro sueño ideal es que puedan partir su propio colegio, es poder meterlos en el sector público, y ayudarlos a mejorar el sistema público.”
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El sueño de Max es hoy realidad. Una realidad que muchos quieren para Uruguay. De hecho, el proyecto educativo de Max no se diferencia demasiado de liceos como el Impulso o el Jubilar. Si bien el Estado uruguayo no cuenta (todavía) con mecanismos potentes de subsidio a la demanda como los existentes en Chile, estas dos instituciones educativas (privadas y gratuitas) reciben sí financiamiento público a través de generosas exoneraciones fiscales – uno de los tantos tentáculos del Estado Sumergido, como le llaman algunos. De todas formas, sin esquemas generales de financiamiento como el voucher, las posibilidades de expansión de este tipo de instituciones son acotadas.
Y sin embargo, experiencias como las de Max representan un riesgo político evidente para los que creen que la igualdad de oportunidades está inexorablemente ligada a la capacidad del Estado de proveer bienes públicos de calidad. No es necesario que fracasen los intentos de reformar la educación pública: alcanza simplemente con que la sensación de fracaso represente el sentir de las masas para que los gurúes de la privatización se constituyan en la única alternativa viable. Creer que en Uruguay estamos lejos de que eso suceda equivale a querer tapar el sol con un dedo. Que la evidencia indique que las escuelas chárter norteamericanas o los particular-subvencionados chilenos de hecho aumentan la desigualdad educativa es totalmente irrelevante (en este post de las economistas Gioia de Melo y Natalia Nollenberger se resume parte de la evidencia disponible).
En la guerra de posiciones, lo relevante es que colegios como los de Max demuestren en la práctica que el privilegio de algunos podría ser un derecho de todos, a condición de que el Estado se digne, finalmente, a pasarle la posta a los que sí están dispuestos a sacrificarse: esos emprendedores que encarnan la versión más humanitaria del mercado. No un mercado de empresarios inescrupulosos, de fundamentalistas apologetas de la mano invisible. El mercado, sí, de aquellos apóstoles capaces de predicar con la desesperación de los humildes e interpretar el hastío de las clases medias, el mercado de los que saben tejer alianzas múltiples y movilizar redes globales de conocimiento e innovación, el mercado de los decididos a reunir saberes expertos y juntar los dineros necesarios para transformar un sueño en testimonio. El riesgo es que sean estos emprendedores quienes terminen liderando el gran salto hacia adelante. Caballos que, como en Troya, a la larga destruyen las fortalezas que todos creíamos inexpugnables.
Gabriel Chouhy
Una versión más corta de esta nota fue publicada en el Suplemento Dínamo de La Diaria el Lunes 17 de Abril de 2017. Como la moraleja que cierra la nota no se comprende del todo bien sin una descripción exhaustiva del caso en cuestión, me pareció relevante hacer pública una versión más completa. Además, esta versión incluye distintos links para que el lector pueda profundizar en algunos contenidos que la nota menciona muy resumidamente. Agradezco a Alejandro por prestarme su blog.
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