Las políticas culturales de la derecha española / La ley Sinde

La fotografía fue tomada del sitio Alt 1040

Hoy salió en el portal Público.es una lista de 122 sitios españoles de internet que serían cerrados por la Ley Sinde. La ley no es una ley es en verdad la disposición final número 43 de la Ley 2/2011 sancionada el 4 de marzo de 2011 por el Rey de España Carlos I. Se llama así por Ángeles González-Sinde, la ministra de cultura de Rodríguez Zapatero entre 2009 y 2011, quien promovió esta movida.

En esa disposición final cuadragésima tercera, que trata sobre la «salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual»,  se dispone la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que tendrá dos Secciones, una para la mediación y arbitraje de la ley; la otra «velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.»

Si uno lee ese artículo 8 de la Ley 34/2002 se hace referencia a que se puede restringir un servicio al amparo de principios como el orden público o la incitación al odio racial, por poner dos ejemplos bien simples. Ahora, ninguno de ellos dice nada de la presión de las corporaciones de las industrias culturales o la de Estados Unidos a Zapatero para que se cumpliera con esa disposición final. Ojo, el penúltimo Consejo de Ministros del PSOE de diciembre de 2011 no reglamentó esta disposición en medio de duras disputas internas y una gran resistencia ciudadana expresada en las redes sociales como registra este artículo de elpais.com.

Pero no fue necesario esperar mucho. El 21 de diciembre de 2011 asumió Rajoy la presidencia. Al día siguiente Rajoy disuelve el Ministerio de Cultura en un Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. El 30 de diciembre el gobierno del PP aprueba el Real Decreto 1889/2011 que reglamenta la Ley Sinde y crea la Comisión de Propiedad Intelectual.

Hoy, 9 de enero de 2012, el portal español Público.es postea una nota en la que da a conocer una lista de sitios web que serían cerrados. Al PSOE le quedó alguna dignidad antes de entregar el gobierno por anticipado pero el PP dejó bien claro que, al menos en cultura, cederá ante la presión nacional e internacional de las corporaciones. Los que terminan jodiéndose son los ciudadanos que no pueden consumir cultura, ciudadanos que no se benefician económicamente de bajar una película o una canción. Y esto no es un asunto «español». Muchos otros ciudadanos de todas partes del mundo nos jodemos también.

Esta forma de luchar contra la piratería limita el derecho a la cultura. Y eso es inaceptable política e ideológicamente hablando.

17 de noviembre de 2014

Me escribe Mariana Fossatti en un comentario a un post sobre la negativa de varios artistas españoles a los Premios Nacionales que da el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Me cuenta que se ha reformado la Ley de Propiedad Intelectual que «instaura una compensación por reseñar y linkear contenidos. Un canon a favor de los autores que es irrenunciable, lo que conlleva que incluso el contenido publicado bajo cualquier licencia Creative Commons o similar queda comprendido en este canon». Y me informa también sobre «el canon al préstamo bibliotecario que carga a las ya empobrecidas bibliotecas con un cargo por cada libro que prestan en proporción a la cantidad de veces que lo prestan». Comparto su conclusión sobre estas dos medidas y la suscribo plenamente: «Todo en favor, por supuesto, de sociedad de gestión. Parece que el único modelo de negocios de la cultura admisible en España es poner un peaje a la cultura. Peaje que por supuesto, beneficia proporcionalmente mucho más a quienes lo administran».